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Seguridad y sistema político


El cimiento del Estado es el monopolio del poder coercitivo. Desde el neolítico se ordenaron las incipientes comunidades con diferencia de responsabilidades entre los diversos actores: guerreros, sacerdotes y agricultores. El estado moderno, con fundamento en la ley formal y la independencia de la justicia, compromete al gobernante, reconoce responsabilidades regulatorias de carácter ambiental, social y económico, asume responsabilidad por los servicios de salud y educación y debe proveer seguridad a los asociados. La historia, sin embargo, no evidencia cumplimiento de los propósitos. En el caso de Colombia, refleja diferencias regionales e ideológicas, que desembocaron en múltiples guerras civiles en el Siglo XIX. Los conflictos tenían dos dimensiones: centralismo contra federalismo, e impulso o rechazo a la iglesia de Roma. Elemento constante ha sido la ausencia del Estado en la periferia.

La hegemonía conservadora tras la guerra de los mil días suspendió la violencia interpartidista, pero eran evidentes en los años 20 del siglo pasado los problemas causados por cambios sociales en proceso en todo el mundo. En los años 30 el conflicto abierto entre liberales y conservadores comenzó de nuevo, se desbordó a raíz del asesinato de Gaitán en 1948, y duró hasta 1957, cuando se convino un esquema de gobierno compartido entre los dos partidos entre 1958 y 1974, precedido por una junta militar de breve duración. Las guerrillas liberales de los Llanos y la Cordillera Central no se acogieron en forma plena a los acuerdos de los dos partidos y declararon identificación con la lucha de clases como regla inexorable de la historia en los años 60.

La pugna subsiguiente se reflejó en tasas de homicidio similares a la actual, del orden de 25 por cada 100.000 habitantes, hasta mediados de los años 70, cuando comenzó a incidir en forma muy importante el narcotráfico, alimentado por la debilidad del Estado; la tasa llegó a niveles del orden de 80 por cada 100.000 habitantes en 1990. En Medellín y Cali campearon carteles criollos con incidencia en la cadena internacional de la cocaína. La guerra abierta entre el narcotráfico y el Estado comenzó a evidenciar logros positivos desde los años 90 por varias razones: el rechazo generalizado a la violencia asociada al narcotráfico, la recuperación de la relación con EE.UU. y la actitud proactiva de los gobiernos a raíz del Plan Colombia, y los eventos en México, Rusia y Venezuela, que dieron lugar a otros carteles. Sin embargo, la tasa de homicidios sigue siendo muy alta, y el ordenamiento institucional del país hace difícil que el Estado cumpla con sus tareas básicas.

Además hay atraso en vías para integrar al país y el esquema establecido para la educación pública no impulsa el propósito de abrir nuevas oportunidades; se ha perdido el norte del crecimiento económico asociado con mayor potencial productivo. Entre tanto, todavía hay alrededor de 100 municipios coqueros en Colombia. Algunas regiones, en particular la costa pacífica, el suroccidente, Putumayo, Caquetá, Guainía y el Catatumbo siguen bajo seria perturbación por la prohibición de la cocaína en los países ricos; el debate se orienta hacia cómo erradicar cultivos, y no se aborda el reto de llegar a la periferia y aprovechar las ventajas comparativas relativas de las regiones para integrarse a la economía globalizada de manera eficaz.

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